INTRODUCCIÓN

Ecuador ha experimentado un aumento significativo en la violencia en los últimos años, evidenciado por el incremento de homicidios, delitos violentos y disturbios en las instituciones penitenciarias. Este panorama de inseguridad ha llevado al gobierno a declarar estados de excepción en varias ocasiones, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad pública. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO, 2023), la tasa de homicidios en Ecuador ha aumentado de 13,7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 43 por cada 100.000 en 2023, lo que sitúa a Ecuador entre los tres países latinoamericanos más violentos, junto con Venezuela y Honduras.

Uno de los principales factores detrás de esta creciente violencia es la lucha territorial entre bandas criminales que buscan controlar rutas de tráfico de drogas y extorsiones. Estas organizaciones, a menudo vinculadas con carteles internacionales, han intensificado los enfrentamientos no solo en las calles, sino también en las cárceles, donde el hacinamiento y la falta de control estatal han facilitado su accionar. Estas bandas han recurrido a actos de violencia extrema, como decapitaciones, desmembramientos, atentados con coches bomba y asesinatos dirigidos a jueces, fiscales, periodistas y candidatos políticos, exacerbando la crisis de seguridad (Santillán Molina et al., 2022). Desde 2019, Ecuador ha presenciado más de 14 masacres en las prisiones, que han resultado en la muerte de más de 600 personas (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos [CDH], 2020).

El Estado ecuatoriano ha intentado controlar la creciente ola de violencia mediante la implementación de estados de excepción. Sin embargo, los indicadores de violencia no han disminuido, por lo que estas medidas, aunque bien intencionadas, generan un debate sobre su efectividad real en reducir la violencia de manera sostenida y garantizar la seguridad ciudadana. Por lo tanto, es necesario establecer un marco de referencia que permita analizar la respuesta del gobierno ante esta crisis y sus implicaciones para la efectividad de las políticas de control de la violencia en el país.

Estados de Excepción

El estado de excepción es una medida extraordinaria que faculta al gobierno de un país a suspender temporalmente ciertos derechos y garantías constitucionales para afrontar situaciones de crisis graves, como desastres naturales, conflictos internos, guerras o un aumento significativo de la violencia (Ylarri, 2020). En Ecuador, esta medida está regulada por la Constitución de la República, en los artículos 164 y 165, que definen su alcance y condiciones de aplicación. Se trata de un mecanismo legítimo diseñado para enfrentar circunstancias excepcionales que puedan comprometer la estabilidad y seguridad nacional, con el objetivo principal de preservar el orden, garantizar los derechos de la ciudadanía y restablecer la paz.

Durante el estado de excepción, el gobierno está facultado para implementar medidas extraordinarias que trascienden las leyes ordinarias, como la movilización de fuerzas armadas, la restricción de la libertad de movimiento, la realización de detenciones sin orden judicial o la intervención en áreas específicas del territorio nacional (Constitución de la República Ecuador, 2008, arts. 164 y 165).

A nivel internacional, los estados de excepción han sido utilizados como una medida temporal para enfrentar crisis de seguridad, pero la literatura especializada en América Latina sugiere que estas intervenciones suelen ser insuficientes si no se acompañan de reformas estructurales en las instituciones de seguridad y justicia (Gaibor Romero, 2024; Landeros, 2020; Ruiz, 2021; Tobón-Tobón & Mendieta-González, 2017). Además, algunos estudios señalan que los estados de excepción han sido utilizados en ocasiones con fines políticos, permitiendo el ejercicio de poder desmedido por parte de los gobiernos, lo que pone en riesgo los derechos humanos y la democracia (Siles, 2017). En este sentido, se ha argumentado que, aunque el estado de excepción puede ser necesario para enfrentar situaciones extremas, su aplicación sin los controles adecuados puede generar un daño mayor al debilitar los principios democráticos, ya que puede ser utilizado para justificar el control autoritario y la suspensión de derechos en nombre de la seguridad (Ordóñez & Martínez, 2022).

En el caso de Ecuador, la implementación de estas medidas ha generado un debate sobre su efectividad y su impacto a largo plazo, ya que no solo se suspenden ciertos derechos constitucionales, sino que también se movilizan recursos significativos sin que, hasta la fecha, se haya logrado una reducción sustancial de la violencia (Maldonado-Rodas & Trelles-Vicuña, 2020). En este contexto, surge la pregunta ¿En qué medida los estados de excepción implementados en Ecuador han sido efectivos para reducir los índices de violencia y mejorar la seguridad ciudadana? Por ello, el objetivo general de esta investigación fue analizar la eficacia de los decretos de estados de excepción implementados en Ecuador entre 2021 y 2024 en el marco de la lucha contra la delincuencia, mediante el análisis de los indicadores de violencia antes y después de su aplicación.

El estudio contribuye al debate sobre el equilibrio entre garantizar la seguridad pública y respetar los derechos constitucionales, lo que resulta esencial para el desarrollo de políticas públicas más sostenibles y respetuosas de los derechos humanos. Este análisis no solo aporta evidencias empíricas sobre los resultados de los estados de excepción, sino que también ofrece recomendaciones para mejorar las estrategias de seguridad en el país, promoviendo decisiones basadas en datos y evitando la repetición de medidas ineficaces.

METODOLOGÍA

Diseño de Investigación

Este estudio adoptó un enfoque cualitativo y se centró en el análisis documental (Corona, 2023) de los estados de excepción declarados en Ecuador entre los años 2021 y el primer semestre de 2024, con el objetivo de comprender su impacto en la lucha contra la delincuencia. La investigación fue de naturaleza descriptiva y exploratoria (Vásquez, 2024), orientada a identificar patrones en las políticas implementadas y su efectividad en distintos contextos regionales y temporales. Se adoptó el método socio-jurídico (Díaz, 2008) para estudiar la interacción entre las políticas de seguridad pública, la legislación vigente y los efectos sociales de los estados de excepción.

Técnicas de Recolección de Datos

Para el análisis documental, se seleccionaron decretos ejecutivos oficiales publicados en el sitio web del gobierno ecuatoriano y otros documentos relevantes correspondientes al período 2021-2024. Además, se incluyeron informes de instituciones como el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). También se incorporaron artículos científicos, libros relacionados con el impacto de las políticas de seguridad pública en países con características similares, y documentos emitidos por organismos gubernamentales e internacionales sobre derechos humanos y seguridad ciudadana. Estas fuentes fueron recuperadas de bases de datos académicas confiables. La selección se realizó considerando su relevancia, autoridad y aporte al tema de investigación.

Análisis de Datos

El análisis de los datos se realizó mediante un enfoque inductivo, en el cual se extrajeron conclusiones a partir de las observaciones documentales y la identificación de patrones recurrentes en las políticas de seguridad pública aplicadas durante los estados de excepción. Para ello, se utilizó una matriz de análisis que permitió organizar y categorizar los distintos elementos del estudio (decretos, medidas implementadas, impacto en la criminalidad, etc.) y establecer conexiones entre ellos.

Validez y Confiabilidad

Para garantizar la validez y confiabilidad de los datos, se empleó un proceso de triangulación, utilizando diferentes fuentes documentales y revisando las fuentes más relevantes, contrastándolas con estudios previos sobre el impacto de los estados de excepción en otros países de América Latina. Además, se consideraron criterios éticos al utilizar fuentes de acceso público y documentos oficiales.

RESULTADOS

A continuación, se presenta de forma cronológica una descripción y análisis de los principales decretos de estado de excepción emitidos entre 2021 y el primer semestre de 2024 en Ecuador.

Estados de Excepción en 2021

El 18 de octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso mediante Decreto Ejecutivo No. 224 declaró el primer estado de excepción por grave conmoción interna, debido al aumento de la violencia en varias zonas del país. La medida buscaba controlar el crecimiento de la delincuencia y frenar la proliferación de bandas criminales. Las acciones tomadas incluyeron la militarización de las ciudades más afectadas, la implementación de un toque de queda, y restricciones a la movilidad para reducir los delitos como asaltos y homicidios. Este primer decreto tuvo una duración de 60 días.

El 18 de noviembre de 2021, se renovó el estado de excepción mediante el Decreto Ejecutivo No. 257, con una duración de 30 días, debido a que, a pesar de los resultados positivos obtenidos con las medidas implementadas en el decreto anterior, las circunstancias que lo motivaron no se habían desvanecido por completo. En particular, la actividad delictiva, especialmente las infracciones contra la vida se mantenían elevadas. Esta renovación también implicó la movilización de las Fuerzas Armadas y, aunque los objetivos fueron similares a los del decreto anterior, su enfoque estuvo más centrado en intervenciones específicas de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden en las regiones más afectadas por la violencia.

Además, el 28 de noviembre de 2021, el gobierno renovó el estado de excepción en los centros carcelarios a través del Decreto Ejecutivo No. 276, como respuesta a la creciente violencia dentro de las prisiones. Este decreto estableció un control más estricto dentro de los centros penitenciarios, movilizando a las Fuerzas Armadas y reforzando la presencia policial para reducir los motines, enfrentamientos entre bandas y otros actos de violencia que afectaban a las cárceles ecuatorianas. La medida fue adoptada como parte de un esfuerzo por restaurar el orden y evitar que las prisiones se convirtieran en focos de poder para las organizaciones criminales. El decreto incluyó la intensificación de las operaciones de seguridad dentro de los recintos penitenciarios y un refuerzo de la vigilancia en las zonas más críticas.

En términos de resultados, el índice de homicidios experimentó una disminución inicial, lo que sugeriría que las medidas tuvieron un impacto positivo a corto plazo. Según los datos del Ministerio de Gobierno, Policía Nacional (2021), entre el 1 de enero y el 17 de octubre de 2021, la tasa de homicidios intencionales era de 10,62 por cada 100.000 habitantes, lo que corresponde a 1.885 muertes, de las cuales 1.112 fueron catalogados como violencia criminal. Hasta el 15 de noviembre, tras la implementación del Decreto No. 224, la tasa mensual de homicidios descendió de 1,20 a 0,63 muertes. Sin embargo, al cierre del año, Ecuador registró 2,496 homicidios, lo que corresponde a una tasa de 13,87 (Ministerio del Interior, 2024).

Cabe señalar que, los índices de criminalidad variaron significativamente según la provincia. Mientras que en algunas regiones como Guayas y Pichincha se observó una disminución de homicidios, en otras, los efectos fueron más limitados. Esta respuesta mixta indica que las dinámicas locales y las características particulares de cada territorio influyeron en la efectividad de las medidas de seguridad. Lo que sugiere que, si bien la movilización de las Fuerzas Armadas pudo haber tenido un impacto inmediato, generando un cambio en la dinámica de la violencia, la persistencia de la delincuencia en las zonas más conflictivas y la falta de medidas sostenibles en el tiempo indicaron que la efectividad de estas acciones no fue prolongada.

Estados de Excepción en 2022

Entre el 1 de enero y el 25 de abril de 2022, Ecuador registró 1.241 homicidios intencionales, lo que representó el 49% de los homicidios reportados en 2021 (DINASED, 2022). Este aumento de la violencia, vinculado al crimen organizado y las actividades derivadas del narcotráfico, motivó a que el 29 de abril de 2022 se emitiera el Decreto Ejecutivo No. 411, estableciendo un estado de excepción con una duración de 60 días en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí, las más afectadas por los homicidios intencionales. Durante este periodo, se desplegaron las Fuerzas Armadas y se establecieron restricciones al tránsito nocturno. Sin embargo, las tasas de homicidios no mostraron una reducción significativa. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO, 2024), para finales de junio de 2022, los homicidios alcanzaron un total de 2.128, lo que representó un aumento del 71,48%. Esto sugiere que las medidas implementadas no lograron frenar de manera efectiva la violencia, ya que los grupos delictivos mantuvieron su operatividad.

A pesar de lograr avances temporales en la reducción de delitos mediante la aprehensión de más de 2,200 personas y la desarticulación de 19 grupos criminales, la violencia no solo persistió tras la finalización del Decreto No. 411, sino que se expandió a nuevas regiones, vulnerando gravemente los derechos y garantías de los ciudadanos. En este contexto, el 14 de agosto de 2022, el Gobierno ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo No. 527, declarando el estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón por un período de 30 días. Esta medida se fundamentó en el incremento alarmante de actividades delictivas, incluidas homicidios intencionales, atentados con explosivos, y un notable aumento en robos a personas, vehículos y bienes. Particularmente en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, según el Ministerio del Interior (2021) hasta el 13 de agosto de 2022, evidenció un crecimiento exponencial de la violencia criminal, pasando de 305 homicidios intencionales en 2021 a 781 en 2022. Además, en relación con otras actividades delictivas, esta subzona superó el total registrado durante el año 2021, pasando de 12.885 hechos delictivos a 15.371 en el mismo periodo en 2022.

El decreto implicó no solo la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sino también la implementación de medidas extraordinarias, como la limitación de derechos fundamentales, entre ellos, la libre reunión y asociación, con el objetivo de prevenir la planificación de nuevos actos de violencia y garantizar la seguridad interna. Asimismo, se suspendieron derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia para desarticular los mecanismos de operación y financiamiento del crimen organizado, que utiliza zonas estratégicas como puertos y áreas ribereñas para el tráfico de drogas y armas. En paralelo, se declaró a los cantones afectados como Zona de Seguridad, reforzando las regulaciones especiales de control y vigilancia.

No obstante, el impacto sobre la seguridad fue limitado. Los índices de homicidios continuaron aumentaron, reflejando la incapacidad de las estrategias implementadas para frenar la violencia y reducir el control territorial ejercido por bandas criminales organizadas. Según el Ministerio del Interior (2021), para la tercera semana de agosto de 2022, el país ya había contabilizado 2.606 muertes violentas, lo que equivalía a un promedio de 12 asesinatos diarios y 384 mensuales. Estas cifras evidenciaron tanto la magnitud del problema como las limitaciones de las medidas adoptadas. Lo que llevó al gobierno a emitir el Decreto Ejecutivo No. 561 el 12 de septiembre de 2022, renovando el estado de excepción. Esta decisión respondió a la persistencia de la violencia y al reconocimiento de la necesidad de fortalecer las medidas para precautelar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana en un contexto de grave conmoción interna.

No obstante, según los hechos recogidos por el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (2022), tras la finalización del último estado de excepción, la violencia se intensificó de manera inmediata, reflejándose en una serie de asesinatos, el cierre de escuelas y entidades públicas por amenazas, levantamientos de cuerpos desmembrados en distintos sectores y atentados con explosivos. Además, se registraron ataques y asesinato a policías, detenciones y explosiones en Unidades de Policía Comunitaria (UPC), lo que subraya la capacidad de las organizaciones criminales para desafiar la autoridad estatal y continuar con sus actividades delictivas a pesar de las medidas extraordinarias implementadas. Este contexto de violencia creciente compromete la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la falta de una respuesta efectiva genera desconfianza en la capacidad estatal para restablecer el orden y proteger a la población.

Hasta este punto, el Estado argumentaba que las organizaciones criminales habían adquirido un control territorial considerable, particularmente evidente en Guayaquil y Esmeraldas, que se convirtieron en territorios disputados por bandas criminales. Además, estas organizaciones incrementaron su influencia en los sectores más vulnerables y extendieron su poder hacia los centros penitenciarios, donde coordinaron actos delictivos como represalia a las medidas adoptadas por el Estado. Por lo que, para el 1 de noviembre de 2022, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 588, que tuvo una duración de 45 días. Este decreto también implicó la movilización de las Fuerzas Armadas y la aplicación de restricciones adicionales en las regiones más afectadas por el crimen. Durante este periodo, aunque los datos específicos no fueron tan fácilmente accesibles, las medidas continuaron enfocándose en frenar la violencia en ciudades como Guayaquil, Quito y Esmeraldas.

Según el Ministerio del Interior (2022), los resultados de las acciones implementadas durante el Estado de Excepción entre el 1 de noviembre y el 14 de diciembre de 2022 mostraron una disminución general en los índices de violencia, aunque con variaciones significativas entre las provincias intervenidas. Durante este periodo, a nivel nacional, el Estado de Excepción contribuyó a una disminución de 28 homicidios, equivalente a una reducción del 4%, lo que refleja una desaceleración en la frecuencia de homicidios, particularmente en las provincias con mayores índices de violencia.

Sin embargo, según datos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, elaborados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el año 2022 cerró con un total de 4.824 muertes violentas en Ecuador. Entre enero y junio se registraron 2.128 casos, lo que significa que el segundo semestre del año concentró 2.696 muertes adicionales, marcando un incremento del 126,7%. Estas cifras reflejan una escalada significativa de la violencia en el país y subrayan la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad pública y el combate al crimen organizado (OECO, 2023). Estas cifras revelan que, a pesar de los esfuerzos, los resultados fueron limitados y no lograron frenar el avance de las organizaciones criminales ni reducir de manera significativa la violencia.

Estados de Excepción en 2023

En 2023, la violencia en Ecuador continuó escalando. La situación de seguridad se volvió aún más grave, y el gobierno recurrió a un nuevos estados de excepción.

El 3 de marzo de 2023, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 681, una medida urgente adoptada por el gobierno para enfrentar la creciente amenaza de la delincuencia organizada en la provincia de Esmeraldas. Este decreto, con una duración de 60 días, movilizó a las Fuerzas Armadas y estableció restricciones adicionales con el objetivo de frenar el avance de las bandas criminales y garantizar el control en las zonas más afectadas por la violencia. La decisión de implementar este decreto se justificó por el alarmante aumento de la violencia en la provincia que generó una sensación generalizada de inseguridad y pánico colectivo. Durante los meses de enero y febrero de 2023. En este periodo se registraron 70 muertes violentas, además de 374 delitos impulsados principalmente por el narcotráfico y la actividad criminal organizada. Además, los constantes ataques a las fuerzas de seguridad y los enfrentamientos con los grupos delictivos, junto con los ataques registrados durante las elecciones zonales de febrero de 2023, cuando más de cuatro candidatos políticos fueron víctimas de violencia, reflejan la grave situación de inseguridad en la región.

El Decreto Ejecutivo No. 706, emitido el 1 de abril de 2023, declaró estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón de la provincia de Guayas, así como en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Esta medida, con una duración de 60 días, fue adoptada debido al incremento alarmante de la violencia en estas zonas. Los grupos criminales organizados, por el control de rutas y territorios, intensificaron sus actividades violentas en respuesta a los esfuerzos de las fuerzas del orden. Entre enero y marzo de 2023, Guayaquil registró 555 homicidios intencionales, lo que representó un incremento del 69% respecto al período anterior. La situación en las provincias de Los Ríos y Santa Elena también mostró un panorama igualmente preocupante, con 170 homicidios intencionales en Los Ríos, un aumento del 133% en comparación con el año 2022, y en Santa Elena, más de 350 actos delictivos reportados durante el primer trimestre de 2023. Esta escalada de violencia, sumada a la creciente presencia del crimen organizado y su capacidad de operar con impunidad, generó una alarmante sensación de inseguridad en la población, lo que impulsó la necesidad de adoptar medidas extraordinarias.

A pesar de la implementación de restricciones adicionales, las cifras de homicidios mostraron una tendencia alcista. Según los reportes de La Policía Nacional (citado en el Decreto Ejecutivo No. 823, 2023), en Durán, hasta el 23 de julio de 2023, se registraron 121 homicidios, un aumento del 55% respecto a 2022, con un 95,9% relacionados con violencia criminal. Además, se reportaron 986 denuncias de robo (+16%) y 175 de extorsión (+44%). En Manabí, se registraron 466 homicidios, un aumento del 106,9% respecto al año anterior (240 homicidios más), con un 94% relacionados con violencia criminal. En Los Ríos, en el mismo período, se reportaron 471 homicidios, un incremento del 131,1% respecto a 2022 (267 homicidios más). Lo que sugiere que las estrategias de seguridad no fueron suficientes para contrarrestar las dinámicas delictivas en una de las ciudades más afectadas por el crimen organizado.

El 24 de julio de 2023, mediante el Decreto Ejecutivo No. 823, se declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que conforman el Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional, con una duración de 60 días. Este decreto fue adoptado como respuesta a los hechos violentos ocurridos los días 22 y 23 de julio en varios centros penitenciarios, los cuales fueron reportados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). En dichos eventos, se registraron enfrentamientos que resultaron en múltiples muertos y heridos, así como la retención de varios guías penitenciarios. La violencia generada por estos disturbios provocó una grave alteración del orden, no solo en los recintos penitenciarios, sino también en las comunidades cercanas, quienes vivían en un clima de temor.

Paulatinamente, el 24 de julio de 2023, mediante Decreto Ejecutivo No. 824 se declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en el cantón Durán de la provincia de Guayas, y en las provincias de Manabí y Los Ríos, con una vigencia de 60 días. Esta medida fue adoptada ante la creciente violencia que ha afectado a estas regiones, evidenciada en un aumento alarmante de los homicidios intencionales, que pasaron de un promedio semanal de 0,59 homicidios por día a 4 homicidios por día a partir de mediados de junio de 2023.

El 10 de agosto de 2023, mediante Decreto Ejecutivo No. 841, se declaró el estado de excepción, por grave conmoción interna, en todo el territorio nacional con una duración de 60 días. Esta medida se adoptó como respuesta al incremento de la actividad criminal en el país, lo cual representaba una amenaza grave para la seguridad de los ciudadanos, su integridad y su vida, así como para el adecuado ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Entre los hechos que generaron pánico en la población y llevaron a la declaración del estado de excepción se destacan el ataque armado al alcalde de Durán, el asesinato de un candidato a la Asamblea Nacional. También se registraron secuestros, muertes de adolescentes a manos de bandas criminales y actos de violencia frente a niños. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, el país reportó 4.291 homicidios, un incremento considerable respecto a los 2.418 del mismo período del año anterior. Por lo que, el gobierno consideró necesario el apoyo militar para controlar la violencia, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger a los candidatos y actores políticos durante el proceso electoral (OECO, 2023).

El 21 de septiembre de 2023, el Decreto Ejecutivo No. 878 renovó el estado de excepción por 30 días en todos los centros de privación de libertad del Sistema de Rehabilitación Social, debido a los altos niveles de violencia e inseguridad que persistían. Este periodo de renovación se basó en una serie de eventos críticos que comprometieron la seguridad en el país, particularmente en los centros penitenciarios. El 30 de agosto de 2023, la detonación de cuatro coches bomba en Quito y Machala y el ataque con un dron explosivo el 12 de septiembre en el Centro Guayas No. 3 evidenciaron el control de las bandas criminales y su capacidad para generar caos. A pesar de las acciones previas, como el decomiso de 33.000 municiones y el incremento de la aprehensión de armas y dinero, la violencia no disminuyó, por lo que los amotinamientos y el uso de armas de fuego, granadas y explosivos por parte de los reclusos seguían siendo una amenaza.

El 8 de octubre de 2023, el Decreto Ejecutivo No. 890 renovó por 30 días adicionales, la declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional, sin excepción alguna, en los mismos términos establecidos en los Decretos Ejecutivos No. 841. La renovación del estado de excepción se justificaba por el aumento en los índices de criminalidad y violencia en diversas regiones del país, como el asesinato de empresarios, atentados con explosivos, capturas de grupos delictivos organizados, y un notable incremento en los homicidios intencionales. En particular, los informes de seguridad reflejan un alarmante aumento de los secuestros en el país en un 31,8%, reflejó no solo un problema de seguridad, sino también una amenaza directa a la estabilidad social y económica del país (Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, 2023).

Las fluctuaciones en los índices de homicidios en distintas provincias indican que las estrategias, no lograron abordar de manera efectiva las causas subyacentes del crimen organizado y la violencia, lo que resalta la necesidad de un enfoque más integral y a largo plazo para enfrentar el problema de la inseguridad en Ecuador. De hecho, el 2023 se convirtió en el año con más homicidios de la historia del país, con 8.008 muertes violentas, alcanzando una tasa de 47,25 homicidios por cada cien mil habitantes, siendo octubre el mes más violento con 809 homicidios intencionales, seguido por julio (773), septiembre (754), noviembre (738) y diciembre (736), según OECO (2023).

Estados de Excepción en 2024

El Decreto Ejecutivo No. 110, emitido el 8 de enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por un periodo de 60 días. Esta medida incluyó tanto las áreas urbanas y rurales como los centros de privación de libertad que forman parte del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Los fundamentos fácticos de este decreto subrayaron la grave crisis de seguridad que afectaba al país, marcada por el incremento de actividades delictivas y el caos en las cárceles.

Entre las justificaciones se encuentra un informe emitido por la Fiscalía General del Estado el 14 de diciembre de 2023, que alertó sobre la creciente influencia de grupos armados organizados transnacionales en Ecuador. Y al reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno librado contra organizaciones terroristas, actores no estatales y el crimen organizado. La presunta evasión del privado de libertad conocido como "Alias Fito", cuyo escape generó pánico y desorden en los centros penitenciarios. A esto se sumaron cifras alarmantes: hasta el 31 de diciembre de 2023, se registraron 8008 homicidios intencionales en el país, de los cuales el 91% se atribuyeron a violencia criminal, concentrándose en provincias como Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) emitió un informe detallando el deterioro de las condiciones en los centros penitenciarios, destacando la necesidad urgente de intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según el SNAI, estos espacios enfrentaban graves alteraciones del orden que amenazaban la vida e integridad tanto de los privados de libertad como de los visitantes y servidores. Esto, a su vez, intensificó la percepción de inseguridad entre la ciudadanía, afectada directamente por las actividades de organizaciones criminales que operaban con impunidad.

En respuesta, el decreto dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y su participación en la restauración del orden público, en coordinación con la Policía Nacional. La intervención militar fue concebida como una medida complementaria dentro del marco jurídico vigente y con respeto a los principios que rigen el uso de la fuerza. La finalidad era prevenir eventos violentos y proteger la vida e integridad física de los ciudadanos, así como garantizar la estabilidad en los centros penitenciarios.

Posteriormente, el 7 de marzo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 193, se renovó el estado de excepción por 30 días adicionales en todo el territorio nacional, extendiéndose nuevamente a todos los centros de privación de libertad, bajo los mismos términos establecidos en los Decretos Ejecutivos No. 110, 111 y 135, emitidos el 8, 9 y 23 de enero de 2024, respectivamente. El informe de la Dirección Nacional de Análisis de la Información de la Policía Nacional respaldó esta decisión al destacar un descenso en los índices de violencia durante el estado de excepción anterior. Según este informe, hasta el 29 de febrero de 2024, se registraron 855 homicidios en el país, una cifra inferior a lo proyectado con base en la tasa de incremento observada en 2023. Este descenso, atribuido a las intervenciones del estado, redujo el promedio diario de homicidios de 24 a 12 casos a nivel nacional. En este contexto, el nuevo estado de excepción buscaba reforzar las acciones encaminadas a garantizar la seguridad en el país.

El 30 de abril de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo N° 250, se declaró un nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, con una duración de 60 días. A pesar de una reducción en las muertes violentas a nivel nacional, el conflicto armado interno continuaba representando una grave amenaza para la seguridad del país. Hasta esa fecha, Ecuador había registrado 1.876 muertes violentas, una disminución del 18,5 % en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se contabilizaron 2.301 asesinatos. Aunque este descenso evidenció avances en la lucha contra la violencia, la persistencia de grupos criminales y su capacidad de operar en diversas provincias subrayaron la necesidad de reforzar las intervenciones estatales y garantizar la estabilidad en las zonas más afectadas.

Según el Boletín Semestral de Homicidios Intencionales en Ecuador 2024 del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado en el primer semestre de 2024, Ecuador registró 3.036 homicidios, lo que representa una disminución del 16,16% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 3.624 homicidios.

El análisis de los estados de excepción en Ecuador durante el año 2024 revela que, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la violencia, la situación de seguridad continúa siendo crítica, con avances parciales en algunos aspectos, pero también con limitaciones significativas que subrayan la persistencia de la crisis de seguridad en el país.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a partir de los estados de excepción implementados entre 2021 y el primer semestre de 2024 en Ecuador ofrecen una panorámica de las respuestas estatales ante una crisis de seguridad compleja. Sin embargo, los datos sugieren que, a pesar de la intensificación de las intervenciones, la violencia y la inseguridad continúan siendo problemas persistentes. La violencia relacionada con el crimen organizado, el narcotráfico y las condiciones dentro de los centros penitenciarios son factores que han limitado la efectividad de estas medidas.

En términos de reducción de homicidios, la implementación de los estados de excepción ha mostrado resultados mixtos. Si bien se observó una disminución en la tasa de homicidios durante los periodos de emergencia, como en 2024, la violencia siguió siendo elevada. Según los datos del informe de la Policía Nacional de Ecuador, hasta el 29 de febrero de 2024, se registraron 855 homicidios, lo que representó una reducción del 50% en comparación con la proyección de homicidios si no se hubiera decretado el estado de excepción. Sin embargo, esta disminución temporal no refleja una solución estructural al problema.

Estudios previos sobre estados de emergencia en contextos similares, como el realizado por Duque, (2014) y Hernández & Ramírez (2023) en Colombia, así como Garrido (2022) y Portillo (2023) en México, sugieren que, aunque los estados de excepción pueden reducir de forma temporal la violencia en zonas específicas, sus efectos son limitados si no van acompañados de políticas de largo plazo que aborden las causas subyacentes del crimen. En el caso de Ecuador, el control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en ciertas áreas ha sido efectivo en términos de contención de la violencia, pero no ha logrado desmantelar las redes de crimen organizado ni eliminar las causas estructurales que perpetúan la violencia.

Los estados de excepción en Ecuador también incluyeron intervenciones en los centros penitenciarios, que fueron identificados como focos de criminalidad debido al control de las bandas dentro de las cárceles. La violencia en los centros penitenciarios, exacerbada por las fugas de altos líderes criminales como “Alias Fito”, evidenció la falta de control y la presencia de organizaciones criminales transnacionales con influencia en el sistema penitenciario.

La intervención militar y policial en los centros penitenciarios, tal como se observa en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2022), e investigaciones como la de Agamben (2024) y Carpintero (2024) sobre el impacto de los estados de emergencia en prisiones, ha demostrado ser una estrategia de control limitada. Si bien se han logrado incautaciones de armas y la detención de ciertos líderes, el control efectivo de las cárceles requiere reformas estructurales que incluyan la mejora de las condiciones de vida, la capacitación del personal penitenciario y la implementación de programas de rehabilitación y reinserción social para los internos. De lo contrario, las medidas de seguridad externa, como las que se implementan durante los estados de excepción, solo proporcionan soluciones temporales y no resuelven el control real de las prisiones.

Uno de los hallazgos más destacados es la creciente presencia de grupos armados transnacionales que operan en Ecuador. Estos grupos no solo están involucrados en actividades delictivas dentro del país, sino que también generan violencia en las regiones vecinas, particularmente en la frontera con Colombia. El informe de InSight Crime (2024) indica que el narcotráfico sigue siendo uno de los principales motores de la violencia en Ecuador, y la impunidad prevalente favorece a las organizaciones criminales.

Según un estudio comparativo realizado por Sansó-Rubert Pascual (2017) sobre el impacto de las políticas de seguridad en países de América Latina, se observa que la presencia de grupos criminales transnacionales, en particular aquellos vinculados al narcotráfico, requiere de una estrategia de seguridad nacional más integrada que no solo dependa de las Fuerzas Armadas, sino también de la cooperación internacional y de políticas de prevención del delito. En este sentido, la estrategia de los estados de excepción en Ecuador, al centrarse en el uso de la fuerza, puede ser eficaz a corto plazo, pero no aborda las raíces del problema, como la alta demanda de drogas y la falta de oportunidades para las comunidades afectadas por la violencia.

Otro aspecto relevante que emerge de los resultados de los estados de excepción es la percepción de seguridad entre la población. Aunque las medidas de seguridad implementadas durante los estados de excepción han reducido temporalmente los homicidios, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Según el índice Gallup 2024, sólo el 73% de los ecuatorianos se sienten inseguros, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno. Este fenómeno es consistente con lo observado en otros países de América Latina, donde la violencia persistente, incluso durante los estados de excepción, disminuye la confianza en las instituciones de seguridad y refuerza la percepción de desconfianza hacia el Estado (InSight Crime, 2024).

Análisis como el de Altamirano et al. (2024) basados en datos originales de México y Brasil han documentado que, cuando las políticas de seguridad no se acompañan de medidas de justicia social y de desarrollo comunitario, la población tiende a sentir que la violencia sigue fuera de control, lo que alimenta el ciclo de desconfianza. En Ecuador, aunque el gobierno ha intentado dar señales de control con el despliegue de militares y policías, la falta de una política integral que contemple la prevención y la reconstrucción del tejido social ha hecho que la ciudadanía siga sintiendo que la violencia es una amenaza omnipresente.

Finalmente, los resultados obtenidos de los estados de excepción entre 2021 y el primer semestre de 2024 indican que el enfoque basado únicamente en la intervención policial y militar no es suficiente para abordar la crisis de seguridad. Como señalan estudios previos, como el Canaza-Choque (2021), Nateras-González (2020) sobre los límites de los estados de excepción en países con alta violencia, estas medidas deben complementarse con políticas de desarrollo económico, educación y justicia social para que tengan un impacto duradero. Ecuador necesita adoptar una estrategia integral que considere la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones judiciales y la mejora de las condiciones de vida en las áreas más vulnerables.

CONCLUSIÓN

Los estados de excepción declarados entre 2021 y el primer semestre de 2024 reflejan una respuesta gubernamental ante una crisis de seguridad compleja, caracterizada por el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia en las prisiones. A pesar de la implementación de estos decretos, la violencia en Ecuador no ha disminuido de forma sustancial, y la efectividad de las medidas ha sido limitada en el tiempo. Aunque las intervenciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han logrado ciertos éxitos en el control de zonas específicas, el problema subyacente de la criminalidad organizada persiste.

Estos estados de excepción han mostrado que, si bien el uso de la fuerza es necesario para contener temporalmente la violencia, no es suficiente para resolver las causas profundas del crimen en Ecuador. Para lograr una solución duradera, el gobierno debe abordar de manera integral la violencia, con políticas públicas que incluyan la prevención del delito, la rehabilitación de los centros penitenciarios, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema judicial. La colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado también es clave para enfrentar los desafíos que enfrenta el país.

Implicaciones y Limitaciones

Este estudio, desde el punto de vista académico, contribuye al entendimiento de cómo los estados de excepción en Ecuador han impactado la lucha contra la delincuencia y cómo las medidas adoptadas por el gobierno se alinean con las normativas de derechos humanos y las expectativas sociales. Este análisis puede ser útil para futuros estudios sobre políticas de seguridad pública, sirviendo como base para investigaciones comparativas con otros países de la región y/o periodos posteriores. Desde un enfoque práctico, los resultados pueden orientar a las autoridades y responsables de políticas públicas en Ecuador sobre la efectividad de los estados de excepción en el control de la delincuencia y la mejora de la seguridad ciudadana.

Una de las principales limitaciones de este estudio es su dependencia de fuentes secundarias, lo que implica que la interpretación de los decretos y otros documentos oficiales puede estar sujeta a la disponibilidad y calidad de la información disponible. Otra limitación es la falta de datos cuantitativos sobre el impacto directo de estas medidas en la criminalidad, ya que el enfoque cualitativo se centra principalmente en la interpretación de fuentes documentales, lo que restringe la capacidad para realizar un análisis más profundo de la efectividad numérica de las intervenciones. También se limita la cobertura temporal a los años 2021-2024, por lo que no se contempla una perspectiva más amplia sobre el impacto histórico de los estados de excepción en el país.

Contribuciones

Izquierdo-Chávez y Monsalve-Robalino: Diseño de la investigación, administración del proyecto, análisis e interpretación formal de datos, redacción manuscrito y revisión final del manuscrito. Toma de datos, revisión de la bibliografía y redacción manuscrito. Hemos leído y aprobado la versión final del manuscrito, así mismo estamos de acuerdo con la responsabilidad de todos los aspectos del trabajo presentado.

Conflicto de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés en relación con el trabajo presentado en este informe.

Uso de inteligencia artificial

No se usaron tecnologías de IA o asistidas por IA para el desarrollo de este trabajo.

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Decreto Ejecutivo No. 841 de 2023 [Presidencia de la República del Ecuador]. Se declara el estado de excepción, por grave conmoción interna, en todo el territorio nacional con una duración de 60 días y con motivo del incremento de la actividad criminal a nivel nacional, lo que implica un aumento de los índices de criminalidad y violencia, eventos cuya escalada pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su integridad y su vida, así como el adecuado, íntegro y seguro desenvolvimiento de los derechos consagrados en la Constitución. 10 de agosto de 2023.

Decreto Ejecutivo No. 878 de 2023 [Presidencia de la República del Ecuador]. Se renueva por 30 días de conformidad con el artículo 166 de la Constitución de la República, la declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional, sin excepción alguna, en los mismos términos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 823 de 24 de julio de 2023. 21 de septiembre de 2023.

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