ISSN: 3091-1540
Vol. 4, Núm. 2 | Julio – Diciembre 2026 | e2026035
DOI: https://doi.org/10.70171/ndr8px22
Percepción de las Familias del Proyecto ETI sobre la Cooperación Institucional y las Acciones de Apoyo Social en la Parroquia Izamba, Cantón Ambato
Perception of Families Participating in the ETI Project Regarding Institutional Cooperation and Social Support Actions in Izamba Parish, Ambato Canton
Israel Alexander Garcés-Granda1*
https://orcid.org/0000-0001-7453-0256
Luis Fernando Muisin-Salazar1
https://orcid.org/0000-0002-0940-3071
Maribel Ximena Haro-Tipán1
https://orcid.org/0009-0008-3878-3318
1 Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador
Recibido: 20 de mayo de 2026. Aceptado: 30 de julio de 2026. Publicado en línea: 3 de agosto de 2026
*Autor de correspondencia: [email protected]
Resumen
Justificación: El trabajo infantil continúa siendo un problema social que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes y limita su acceso a la educación, la salud y oportunidades de desarrollo. Si bien se han implementado estrategias de cooperación institucional y acciones de apoyo social para prevenir esta problemática, aún existe escasa evidencia sobre cómo estas intervenciones son percibidas por las familias beneficiarias. Objetivo: Describir la percepción de las familias participantes en el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil - ETI sobre la cooperación institucional y las acciones de apoyo social desarrolladas en la parroquia Izamba, cantón Ambato. Metodología: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal y alcance descriptivo-exploratorio. Resultados: Las familias valoraron favorablemente la cooperación institucional, el fortalecimiento económico, la participación comunitaria y el apoyo familiar e institucional para prevenir el trabajo infantil. No obstante, identificaron limitaciones en la articulación entre instituciones, el acceso efectivo a servicios básicos, de salud y educación, y el acompañamiento brindado a los adolescentes para la construcción de su proyecto de vida. Conclusión: La percepción de las familias evidencia que la erradicación del trabajo infantil requiere fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar estrategias integrales de apoyo social, económico y comunitario orientadas a las necesidades de la población beneficiaria.
Palabras clave: calidad de vida, cooperación internacional, comunitaria, participación, trabajo infantil.
Abstract
Justification: Child labor remains a persistent social problem that violates the rights of children and adolescents and limits their access to education, healthcare, and opportunities for development. Although institutional cooperation strategies and social support actions have been implemented to address this issue, there is still limited evidence regarding how these interventions are perceived by beneficiary families. Objective: To describe the perceptions of families participating in the Child Labor Elimination Project (ETI) regarding institutional cooperation and the social support actions implemented in Izamba Parish, Ambato Canton. Methodology: A quantitative study was conducted using a non-experimental, cross-sectional design with a descriptive-exploratory scope. Results: Families expressed favorable perceptions of institutional cooperation, economic strengthening, community participation, and family and institutional support as key elements for preventing child labor. However, they also identified limitations in interinstitutional coordination, effective access to basic, health, and educational services, and the support provided to adolescents in developing their life projects. Conclusion: The perceptions of the families indicate that eliminating child labor requires strengthening interinstitutional coordination and consolidating comprehensive social, economic, and community support strategies that respond to the needs of the beneficiary population.
Keywords: quality of life, international cooperation, community participation, child labor.
Cita: Garcés-Granda, I. A., Muisin-Salazar, L. F., & Haro-Tipán, M. X. (2026). Percepción de las Familias del Proyecto ETI sobre la Cooperación Institucional y las Acciones de Apoyo Social en la Parroquia Izamba, Cantón Ambato. Erevna Research Reports, 4(2), e2026035. https://doi.org/10.70171/ndr8px22
Esta obra está sujeta a una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
El trabajo infantil continúa siendo una de las principales vulneraciones de los derechos de la niñez y representa un desafío para el desarrollo social y económico de numerosos países. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2025), alrededor de 138 millones de niños y niñas se encuentran involucrados en actividades laborales, de los cuales aproximadamente 54 millones realizan trabajos peligrosos. La agricultura continúa concentrando el mayor número de caso , 61 % a nivel mundial. Esta situación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2023), se asocia principalmente con la pobreza, la exclusión social y la insuficiencia de ingresos familiares, que obligan a muchos hogares a recurrir al trabajo de niños, niñas y adolescentes como estrategia de subsistencia. A ello se suman otras condiciones de vulnerabilidad, como los conflictos armados, las crisis económicas, los desastres naturales, la migración, la falta de empleo digno para los adultos y el acceso limitado a la educación, la salud y la protección social, las cuales incrementan el riesgo de que la niñez sea víctima de explotación laboral.
En este contexto, la OIT (2018) sostiene que la prevención y erradicación del trabajo infantil requieren un enfoque integral basado en los derechos humanos que trascienda las intervenciones aisladas. Dada la naturaleza multidimensional de esta problemática, la organización reconoce la cooperación interinstitucional e intersectorial como un componente estratégico para articular políticas, programas y recursos entre las instituciones públicas, las organizaciones de empleadores y trabajadores, el sector privado, la sociedad civil, los organismos internacionales y las comunidades. En esta misma línea, Fernández et al. (2018) señalan que la cooperación entre gobiernos locales, instituciones educativas, servicios de salud, organizaciones comunitarias y otros actores vinculados favorece una atención integral a las familias beneficiarias, optimiza el uso de los recursos y fortalece la capacidad de respuesta institucional. Asimismo, Analuiza et al. (2020) destacan que la creación de espacios de diálogo y colaboración entre las instituciones y la comunidad contribuye a mejorar la implementación de los programas sociales y la protección de los derechos de la niñez.
En Ecuador, aunque se dispone de un marco normativo orientado a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, persisten desafíos relacionados con la coordinación entre las instituciones responsables de ejecutar las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil (Garcés, 2025). En este sentido, Cordova-Beltran et al. (2024) señalan que la fragmentación institucional y la limitada articulación entre organismos públicos y organizaciones sociales reducen la eficacia de las intervenciones, favoreciendo la duplicidad de esfuerzos y limitando el alcance de los programas dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad.
A nivel local, la cooperación entre las instituciones responsables de la erradicación del trabajo infantil también enfrenta desafíos que limitan la efectividad de las intervenciones. En la parroquia Izamba, cantón Ambato, la articulación entre el gobierno local, las organizaciones comunitarias y las familias beneficiarias constituye un componente esencial para el desarrollo de acciones de prevención y protección de la niñez. Sin embargo, Castillo & Romero (2023) señalan que la comunicación fragmentada entre los actores locales, la ausencia de responsabilidades claramente definidas y la limitada coordinación interinstitucional dificultan la implementación de estrategias conjuntas para enfrentar esta problemática.
Si bien la literatura ha documentado la importancia de la cooperación institucional en la implementación de políticas públicas dirigidas a la erradicación del trabajo infantil (Aizpuru et al., 2022; García & Menegaz, 2024; Moreira & Lobatón, 2025), existe menor evidencia sobre cómo las familias beneficiarias valoran la cooperación entre instituciones y las acciones de apoyo social desarrolladas en el marco de estos programas, particularmente en contextos comunitarios como la parroquia Izamba, cantón Ambato. Conocer esta percepción permite identificar barreras operativas y oportunidades de mejora para fortalecer la articulación institucional y la capacidad de respuesta de los actores locales.
En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo describir la percepción de las familias participantes en el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) sobre la cooperación institucional y las acciones de apoyo social desarrolladas en la parroquia Izamba, cantón Ambato. Asimismo, buscó caracterizar los esfuerzos de cooperación interinstitucional e identificar las principales barreras que limitan la implementación de acciones efectivas para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el ámbito comunitario.
La OIT (2024) lo define el trabajo infantil como toda actividad económica o laboral que priva a los menores de su infancia, su potencial y su dignidad, además de interferir con su educación o comprometer su bienestar. Aunque no todas las actividades realizadas por menores de edad son consideradas trabajo infantil, aquellas que implican explotación, riesgo para la salud o que obstaculizan la asistencia y permanencia en el sistema educativo representan una problemática prioritaria para las políticas públicas de protección de la niñez (OIT, 2024).
El trabajo infantil responde a un fenómeno multicausal en el que convergen factores económicos, sociales, culturales e institucionales. Entre las principales causas identificadas se encuentran la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, el acceso limitado a servicios de educación y salud, la informalidad laboral y la insuficiente protección social dirigida a los hogares en condición de vulnerabilidad (UNICEF, 2023). Estas condiciones incrementan la probabilidad de que los niños participen prematuramente en actividades productivas como una estrategia familiar para complementar los ingresos del hogar.
Además de los factores económicos, la evidencia de Abdullah et al. (2022) y Emerson & de Souza (2002) muestra que las normas sociales y culturales también desempeñan un papel importante en la persistencia del trabajo infantil. En esta línea, Katav-Herz y Epstein (2022) señalan que, en determinados contextos, la participación de niños y niños en actividades laborales es percibida como un proceso natural de aprendizaje o como una contribución necesaria a la economía familiar, especialmente en zonas rurales o comunidades con limitadas oportunidades de desarrollo. Estas concepciones pueden normalizar el trabajo infantil, dificultar su reconocimiento como una vulneración de derechos y reducir la efectividad de las estrategias de prevención.
Las consecuencias del trabajo infantil trascienden lo económico e impactan en el desarrollo integral de la niñez. La incorporación temprana al trabajo incrementa el riesgo de abandono escolar, limita la adquisición de competencias para la vida adulta, afecta el desarrollo físico y emocional y perpetúa los ciclos intergeneracionales de pobreza. Por ello, la erradicación del trabajo infantil no es solo un objetivo de protección de derechos, sino también una condición necesaria para promover el desarrollo humano sostenible y reducir las desigualdades sociales (OIT, 2017).
La cooperación institucional representa el elemento fundamental para el desarrollo de programas de protección social orientados a atender problemáticas complejas como el trabajo infantil. Según Ortega Fuentes (2022) su importancia radica en la articulación de esfuerzos entre instituciones públicas, organizaciones sociales, organismos internacionales y comunidades, permitiendo optimizar recursos, coordinar acciones y generar respuestas integrales que contribuyan al bienestar de las familias. Desde esta perspectiva, la cooperación trasciende la intervención aislada de una institución y se fundamenta en la corresponsabilidad entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo social.
Bajo el mismo enfoque, Fernández et al. (2018) sostienen que el involucramiento de la comunidad dentro de los procesos de planificación fortalece la capacidad organizativa tanto de las personas como de las instituciones, favoreciendo una participación activa que impulsa el desarrollo local. Los autores destacan que estos procesos se construyen mediante la interacción entre los niveles local, nacional e internacional, lo que permite integrar recursos y capacidades orientados a responder de manera más eficiente a las necesidades sociales. Asimismo, señalan que las necesidades de la comunidad deben incorporarse dentro de la planificación gubernamental para garantizar que las políticas públicas respondan a las demandas reales de la población y consideren la opinión de los líderes comunitarios como actores clave en los procesos de transformación social. En consecuencia, la efectividad de las intervenciones depende, en gran medida, de la participación colaborativa entre la comunidad y las instituciones responsables del desarrollo local.
Desde una perspectiva complementaria, la cooperación institucional también se fortalece mediante la participación de organismos internacionales. Gorgoy Lugo & Torres Páez (2019) plantean que la cooperación internacional favorece el aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esta cooperación no se limita al aporte financiero, sino que incorpora asistencia técnica, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de capacidades institucionales e intercambio de experiencias que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades. En este sentido, la cooperación internacional representa un mecanismo que amplía las capacidades locales y fortalece la implementación de programas sociales, especialmente en contextos donde los recursos nacionales resultan insuficientes para atender las necesidades de la población vulnerable (Ventura et al., 2025).
No obstante, la disponibilidad de recursos y el respaldo institucional no garantizan por sí mismos el éxito de las intervenciones sociales. La cooperación requiere procesos permanentes de coordinación, comunicación y construcción de objetivos compartidos entre las instituciones y la comunidad (Miño, 2026). Al respecto, Pérez-Pineda & Pirzkall (2024) señalan que las posibilidades de construir procesos cooperativos dependen tanto de la racionalidad individual como de la acción colectiva, permitiendo el manejo conjunto de recursos y la toma de decisiones orientadas al beneficio común. Los autores destacan que los aspectos motivacionales, la confianza y el aprendizaje mutuo constituyen factores fundamentales para fortalecer la cohesión grupal y consolidar espacios de diálogo entre los diferentes actores sociales.
En el contexto de los programas de protección social, estos planteamientos permiten comprender que la cooperación institucional no solo implica la coordinación administrativa entre organizaciones, sino también la generación de relaciones de confianza y corresponsabilidad con la comunidad. Cuando las instituciones trabajan de manera articulada y promueven la participación activa de las familias, se incrementan las posibilidades de identificar oportunamente las necesidades sociales, diseñar estrategias de intervención pertinentes y fortalecer la sostenibilidad de las acciones implementadas.
Las acciones de apoyo social son un conjunto de intervenciones orientadas a fortalecer el bienestar de las personas y familias mediante el acceso a recursos, servicios y redes de apoyo que permitan atender sus necesidades sociales, educativas y sanitarias (Picornell-Lucas et al., 2022). En el ámbito de los programas de protección social, estas acciones buscan reducir los factores de vulnerabilidad que afectan a la población, promoviendo condiciones que favorezcan el ejercicio de derechos y mejoren la calidad de vida. En el caso de las familias vinculadas a programas de erradicación del trabajo infantil, el acceso oportuno a servicios básicos representa un componente esencial para disminuir las condiciones que favorecen la incorporación temprana de niños, niñas y adolescentes al trabajo (Cordova-Beltran et al., 2024).
Desde esta perspectiva, el acceso a los servicios constituye uno de los principales mecanismos de apoyo social. Quinto et al. (2024) señala que, en los contextos rurales, las familias enfrentan limitaciones relacionadas con la disponibilidad de servicios básicos, programas de capacitación, asistencia técnica, atención en salud, infraestructura vial y espacios recreativos, factores que afectan directamente su bienestar y limitan las oportunidades de desarrollo. Frente a estas carencias, muchas comunidades desarrollan iniciativas de autoservicio para satisfacer sus necesidades más inmediatas; sin embargo, dichas acciones suelen representar soluciones temporales cuando no cuentan con el respaldo de las instituciones públicas
Las dificultades para acceder a los servicios públicos se intensifican en las zonas rurales debido a problemas de accesibilidad geográfica, infraestructura insuficiente y limitada presencia institucional. Toscano-Quispe et al. (2025) sostienen que las zonas con mayores dificultades de acceso requieren soluciones adaptadas a sus características territoriales, considerando aspectos como la infraestructura vial, la facilidad de movilización y la descentralización de los puntos de atención. Asimismo, destacan que la asignación de recursos debe responder a las necesidades específicas de cada comunidad mediante procesos de planificación participativa que permitan diseñar intervenciones acordes con la realidad local.
Entre los servicios que adquieren mayor relevancia para la protección de la niñez se encuentran la educación y la salud. Guerra (2022) identifica que los problemas económicos, el desinterés escolar, las dificultades familiares y la necesidad de trabajar constituyen algunas de las principales causas que limitan la permanencia de niños y adolescentes en el sistema educativo. Al mismo tiempo, señala que las familias valoran positivamente medidas como la gratuidad de materiales escolares, la alimentación escolar y el acompañamiento pedagógico, debido a que estos beneficios disminuyen las barreras de acceso a la educación. En consecuencia, el acceso efectivo a los servicios de salud y educación no depende únicamente de su disponibilidad, sino también de la capacidad institucional para garantizar que las familias conozcan, utilicen y se beneficien de los programas existentes, fortaleciendo así la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
No obstante, la efectividad de las acciones de apoyo social no depende exclusivamente de la prestación de servicios institucionales, sino también de la existencia de redes de apoyo que fortalezcan el acompañamiento de las familias. Muñoz-Troncoso et al. (2024) destacan que la articulación entre la familia, la escuela y la comunidad constituye un elemento fundamental para atender las necesidades sociales y educativas de niños y adolescentes. Aunque los padres manifiestan compromiso con el proceso educativo, los estudiantes perciben debilidades en la coordinación entre estos actores, lo que limita la capacidad de respuesta frente a situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, las redes de apoyo formales, representadas por las instituciones educativas y los organismos públicos, e informales, conformadas por la familia y la comunidad, desempeñan un papel complementario en la promoción del bienestar y la prevención del trabajo infantil.
En conjunto, las acciones de apoyo social comprenden un sistema articulado de servicios, recursos y redes institucionales y comunitarias orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias y garantizar el ejercicio de sus derechos. Su efectividad depende tanto de la disponibilidad y accesibilidad de los servicios como de la coordinación entre las instituciones y la participación activa de la comunidad, elementos que fortalecen la capacidad de los programas sociales para prevenir situaciones de vulnerabilidad y contribuir a la erradicación del trabajo infantil.
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que el objetivo fue describir la percepción de las familias del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) sobre la cooperación institucional y las acciones de apoyo social a partir de información expresada en datos numéricos. Se adoptó un diseño no experimental de corte transversal, dado que las variables fueron observadas sin manipulación deliberada y la información se recolectó en un único momento temporal. El alcance fue descriptivo y exploratorio, por cuanto se orientó a especificar las características de las variables estudiadas y, al mismo tiempo, generar conocimiento sobre un fenómeno del que existe limitada evidencia en el contexto de estudio Hernández Sampieri et al. (2014).
La población de estudio estuvo conformada por las familias beneficiarias del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) de la parroquia Izamba. Debido al reducido tamaño de la población, se optó por realizar un censo poblacional, invitando a participar a la totalidad de las familias beneficiarias. Finalmente, participaron 63 familias, las cuales conformaron la población efectiva del estudio. Al no aplicarse un procedimiento de selección muestral, se evitó el error asociado al muestreo.
La información se recopiló mediante un cuestionario estructurado conformado por 15 ítems, diseñado para evaluar la percepción de las familias sobre diferentes aspectos relacionados con la cooperación institucional y las acciones de apoyo social frente al trabajo infantil. El instrumento incluyó preguntas cerradas con respuestas dicotómicas (Sí/No) y una pregunta con escala ordinal de cuatro categorías (Muy accesibles, Accesibles, Poco accesibles y Nada accesibles), de acuerdo con la naturaleza de la información requerida. Los ítems abordaron aspectos vinculados con la cooperación internacional e institucional, el acceso a servicios básicos, de salud y educación, el apoyo financiero e institucional, los emprendimientos familiares, la participación comunitaria y el apoyo familiar e institucional para el proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes.
La validez de contenido del instrumento se estableció mediante el Índice de Validez de Contenido (IVC), siguiendo la metodología propuesta por Souza et al. (2017). Como resultado, se obtuvo un IVC global de 1,00, lo que evidencia un alto grado de concordancia entre los expertos respecto a la pertinencia, claridad y representatividad de los ítems que conforman el cuestionario.
Previamente a la recolección de la información, se solicitó la autorización de los responsables del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (ETI) para desarrollar el estudio con las familias beneficiarias. Posteriormente, se explicó a los participantes el objetivo de la investigación, la finalidad académica del estudio, el carácter voluntario de su participación y el tratamiento de la información recopilada. Asimismo, se les informó que las respuestas serían analizadas de forma conjunta, sin asociarlas a su identidad, y que podían abstenerse de responder o retirarse del estudio en cualquier momento, sin que ello implicara consecuencia alguna. Una vez obtenido el consentimiento informado, se aplicó el cuestionario de manera presencial, brindando las aclaraciones necesarias cuando los participantes lo requirieron.
Una vez concluida la recolección de la información, los datos fueron codificados y registrados en una base de datos para su procesamiento estadístico. Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de las variables mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). Los resultados se organizaron en tablas de distribución de frecuencias y se agruparon de acuerdo con las dimensiones de estudio: cooperación institucional, acciones de apoyo social relacionadas con el acceso a servicios, fortalecimiento económico, participación comunitaria y apoyo familiar e institucional para el proyecto de vida. Finalmente, los hallazgos fueron interpretados mediante el análisis descriptivo de las tendencias observadas y contrastados con la evidencia científica disponible para sustentar la discusión de los resultados.
Los resultados de la Tabla 1 muestran una percepción mayoritariamente favorable hacia la cooperación institucional como estrategia para enfrentar el trabajo infantil. El 70,4 % de las familias considera que la cooperación internacional constituye una herramienta efectiva para mejorar las condiciones de vida y contribuir a la reducción del trabajo infantil en la comunidad, mientras que el 29,6 % manifestó una opinión contraria. En cuanto a la articulación entre el gobierno parroquial y los organismos internacionales, las opiniones se encuentran divididas, aunque predomina una valoración negativa, ya que el 52,4 % considera que esta colaboración no es adecuada, frente al 47,6 % que sí la percibe como suficiente. Respecto a los aportes de la cooperación internacional en el fortalecimiento de los servicios de salud y educación dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, las respuestas muestran una percepción prácticamente equilibrada, con un 50,8 % que reconoce mejoras y un 49,2 % que no identifica avances.
Tabla 1. Percepción de las Familias sobre la Cooperación Institucional
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Pregunta |
Sí (%) |
No (%) |
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¿Cree que la cooperación internacional podría ser una herramienta efectiva para mejorar las condiciones de vida y reducir el trabajo infantil en su comunidad? |
70,4 |
29,6 |
|
¿Considera que el gobierno de su parroquia colabora adecuadamente con organismos internacionales para prevenir el trabajo infantil? |
47,6 |
52,4 |
|
¿Cree que la cooperación internacional ha ayudado a mejorar los servicios de salud y educación para niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil? |
50,8 |
49,2 |
En relación con las acciones de apoyo social orientadas al acceso a servicios, los resultados en la Tabla 2 muestran percepciones diversas entre las familias beneficiarias del Proyecto ETI. El 52,4 % considera que la falta de voluntad para aprovechar los recursos naturales, económicos y sociales disponibles en la comunidad no influye en la erradicación del trabajo infantil, mientras que el 47,6 % opina lo contrario. Respecto al acceso a los servicios básicos, las respuestas evidencian una percepción prácticamente equilibrada, ya que el 50,8 % considera que las condiciones de acceso a agua, electricidad, transporte y vialidad son adecuadas para los niños y adolescentes que realizan trabajo infantil, frente al 49,2 % que manifiesta una valoración negativa. En cuanto a la accesibilidad de los servicios de salud y educación, la mayor proporción de familias (34,9 %) los calificó como accesibles, seguida del 30,2 % que los consideró poco accesibles, el 20,6 % que los percibió como muy accesibles y el 14,3 % que señaló que son nada accesibles.
Tabla 2. Percepción de las Familias sobre las Acciones de Apoyo Social
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Pregunta |
Sí (%) |
No (%) |
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¿Cree que la falta de voluntad para aprovechar los recursos naturales, económicos y sociales disponibles en la comunidad influye en la erradicación del trabajo infantil? |
47,6 |
52,4 |
||
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¿Considera que el acceso a servicios básicos (agua, electricidad, transporte y vialidad) en su comunidad es adecuado para los niños y adolescentes que realizan trabajo infantil? |
50,8 |
49,2 |
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Pregunta |
Muy accesibles (%) |
Accesibles (%) |
Poco accesibles (%) |
Nada accesibles (%) |
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¿Qué tan accesibles son los servicios de salud y educación para los niños, niñas y adolescentes que trabajan en su comunidad? |
20,6 |
34,9 |
30,2 |
14,3 |
Los resultados relacionados con las acciones de fortalecimiento económico en la Tabla 3 evidencian una percepción mayoritariamente favorable sobre la importancia de este tipo de estrategias para prevenir el trabajo infantil. El 60,3 % de las familias considera que fortalecer la cooperación comunitaria contribuiría a satisfacer las necesidades materiales de los hogares beneficiarios del Proyecto ETI, mientras que el 39,7 % no comparte esta opinión. De manera similar, el 61,3 % estima que el apoyo financiero proveniente de instituciones públicas o privadas favorecería la reducción del trabajo infantil, frente al 38,7 % que no lo considera así. Asimismo, el 70,5 % de los participantes señala que los emprendimientos familiares de la comunidad se concentran principalmente en actividades de agricultura y crianza de animales, en contraste con el 29,5 % que manifiesta lo contrario. Finalmente, el 69,5 % identifica la falta de proyectos o programas de capacitación técnica como la principal limitación para el desarrollo de estos emprendimientos, mientras que el 30,5 % no percibe esta situación como el principal problema.
Tabla 3. Percepción de las Familias sobre las Acciones de Fortalecimiento Económico
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Pregunta |
Sí (%) |
No (%) |
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¿Considera que fortalecer la cooperación comunitaria podría ayudar a resolver las necesidades materiales de las familias del Proyecto ETI? |
60,3 |
39,7 |
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¿Considera que el apoyo financiero de una institución pública o privada ayudaría a reducir el trabajo infantil? |
61,3 |
38,7 |
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¿Considera que en su comunidad las familias del Proyecto ETI tienen más emprendimientos relacionados con la agricultura y crianza de animales? |
70,5 |
29,5 |
|
¿Considera que el principal problema de los emprendimientos es la falta de proyectos o programas para formar técnicamente a las familias del Proyecto ETI? |
69,5 |
30,5 |
En cuanto a la participación comunitaria, los resultados en la Tabla 4 evidencian que las familias reconocen tanto las dificultades existentes para involucrar a la comunidad en la erradicación del trabajo infantil como el potencial de la cooperación comunitaria para favorecer el desarrollo de los niños y adolescentes. El 66,7 % de los participantes considera que existen dificultades para lograr una participación activa de la comunidad en iniciativas dirigidas a prevenir y erradicar el trabajo infantil, mientras que el 33,3 % manifiesta una percepción contraria. No obstante, el 70,9 % estima que la cooperación comunitaria facilitaría el desarrollo humano de los niños y adolescentes vinculados a esta problemática, frente al 29,1 % que no comparte esta opinión.
Tabla 4. Percepción de las Familias sobre la Participación Comunitaria
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Pregunta |
Sí (%) |
No (%) |
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¿Existen dificultades para que la comunidad participe activamente en iniciativas para erradicar el trabajo infantil? |
66,7 |
33,3 |
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¿Piensa que la cooperación comunitaria facilitaría el desarrollo humano de los niños y adolescentes vinculados al trabajo infantil? |
70,9 |
29,1 |
En relación con el apoyo familiar e institucional para el proyecto de vida (Tabla 5), los resultados evidencian una percepción mayoritariamente favorable sobre la importancia del acompañamiento de la familia y de las instituciones en el desarrollo personal de los adolescentes vinculados al Proyecto ETI. El 81,0 % de las familias considera que el apoyo familiar es un elemento fundamental para alcanzar un proyecto de vida, mientras que el 19,0 % manifestó una opinión contraria. Asimismo, el 73,0 % reconoce la importancia del respaldo de instituciones públicas o privadas para lograr este propósito, frente al 27,0 % que no lo considera necesario. Sin embargo, al consultar si los adolescentes del Proyecto ETI han recibido ayuda para tomar una decisión adecuada sobre su proyecto de vida, las respuestas muestran una distribución prácticamente equilibrada, ya que el 51,1 % respondió afirmativamente y el 48,9 % indicó que no.
Tabla 5. Percepción de las Familias sobre el Apoyo Familiar e Institucional para el Proyecto de Vida
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Pregunta |
Sí (%) |
No (%) |
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¿Considera importante el apoyo familiar para cumplir un proyecto de vida? |
81,0 |
19,0 |
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¿Considera importante el apoyo de una institución pública o privada para alcanzar su proyecto de vida? |
73,0 |
27,0 |
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¿Los adolescentes del Proyecto ETI han recibido ayuda para tomar una decisión adecuada sobre su proyecto de vida? |
51,1 |
48,9 |
DISCUSIÓN
Los resultados sugieren que las familias reconocen el potencial de la cooperación institucional para contribuir a la erradicación del trabajo infantil; sin embargo, también perciben limitaciones en la coordinación entre las instituciones y en los resultados alcanzados en el fortalecimiento de los servicios sociales. Esta percepción puede explicarse porque la cooperación institucional no depende únicamente de la existencia de programas o convenios, sino también de la capacidad de las instituciones para coordinar acciones, evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar que los beneficios lleguen de manera efectiva a la población objetivo (Ventura et al., 2025). Cuando esta articulación es insuficiente, las familias pueden reconocer la importancia de la cooperación, pero no percibir cambios significativos en su entorno inmediato.
Estos hallazgos coinciden con la evidencia presentada por la OIT (2018), la cual sostiene que la erradicación del trabajo infantil requiere una coordinación permanente entre los sectores de protección social, educación, salud y empleo, ya que las intervenciones aisladas tienen un impacto limitado sobre las condiciones que favorecen esta problemática. Del mismo modo, el estudio de Cordova-Beltran et al. (2024) señala que la efectividad de las políticas dirigidas a reducir el trabajo infantil depende de la articulación entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones sociales, aspecto que fortalece la cobertura y sostenibilidad de las intervenciones.
En relación con las acciones de apoyo social, los resultados reflejan que, si bien una parte importante de las familias reconoce la disponibilidad de servicios básicos y de salud y educación, persisten percepciones que evidencian limitaciones en su acceso y en el aprovechamiento de los recursos comunitarios como mecanismos de apoyo social para la prevención del trabajo infantil. Esto indica que la existencia de los servicios no garantiza necesariamente su accesibilidad efectiva, ya que factores como la ubicación geográfica, la disponibilidad de transporte, los costos indirectos o la calidad de la atención pueden constituir barreras para las familias más vulnerables. Estos hallazgos coinciden con lo señalado por UNICEF (2023), organismo que advierte que las dificultades de acceso a servicios esenciales incrementan la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente al trabajo infantil. Asimismo, Picornell-Lucas et al. (2022) concluyen que las políticas de protección social alcanzan mejores resultados cuando se articulan con servicios de educación, salud y desarrollo comunitario, abordando simultáneamente las múltiples causas que originan esta problemática.
Por otra parte, los resultados reflejan que las familias reconocen el fortalecimiento económico, el apoyo institucional y la capacitación como elementos fundamentales para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la prevención del trabajo infantil. Esta percepción es consistente con la evidencia que identifica a la pobreza y la inestabilidad económica de los hogares como algunos de los principales factores asociados a la incorporación temprana de niños y adolescentes al trabajo (Cordova-Beltran et al., 2024). En este contexto, las oportunidades de emprendimiento, el acceso al financiamiento y la capacitación técnica pueden fortalecer la autonomía económica familiar y disminuir la necesidad de recurrir al trabajo infantil como estrategia de supervivencia (Panchana & Pazmiño, 2024). Al respecto, Edmonds y Theoharides (2021) sostienen que el fortalecimiento económico de los hogares reduce la dependencia del trabajo infantil cuando incrementa la estabilidad de los ingresos familiares.
De manera complementaria, los resultados reflejan que, aunque las familias identifican limitaciones en la participación comunitaria, también reconocen que el fortalecimiento de la cooperación entre los actores de la comunidad constituye un elemento clave para promover el desarrollo integral de la población infantil y adolescente y contribuir a la prevención del trabajo infantil. Esta situación sugiere que existe disposición para participar; sin embargo, dicha participación puede verse condicionada por factores como el limitado liderazgo comunitario, la escasa organización social o la insuficiente articulación entre la comunidad y las instituciones. Estos resultados guardan relación con lo planteado por de García (2023), quien sostiene que el capital social y las redes de cooperación fortalecen la capacidad de las comunidades para afrontar problemas colectivos. Asimismo, la OIT (2018) destaca que la participación activa de las organizaciones comunitarias, las instituciones educativas, los gobiernos locales y las familias constituye uno de los pilares para prevenir el trabajo infantil, al facilitar la identificación temprana de situaciones de riesgo y la implementación de respuestas.
Finalmente, los resultados sugieren que las familias otorgan un alto valor al apoyo familiar e institucional como factores que favorecen la construcción del proyecto de vida; no obstante, también evidencian que una proporción importante de adolescentes aún no ha recibido el acompañamiento necesario para orientar adecuadamente sus decisiones de futuro. Esta situación pone de manifiesto la existencia de una brecha entre el reconocimiento de la importancia del acompañamiento y su materialización en acciones concretas de orientación y seguimiento. En este sentido, Muñoz-Troncoso et al. (2024) plantean que el desarrollo de niños y adolescentes depende de la interacción entre la familia, la escuela y las instituciones presentes en su entorno. De igual forma, Zambrano-Vacacela (2024) sostiene que el acompañamiento familiar e institucional fortalece la planificación del proyecto de vida, favorece el desarrollo positivo durante la adolescencia y disminuye la exposición a factores de riesgo como el abandono escolar y el trabajo infantil.
Los resultados permitieron describir la percepción de las familias del Proyecto ETI respecto a la cooperación institucional y las acciones de apoyo social desarrolladas en la parroquia Izamba, evidenciando una valoración favorable hacia la cooperación interinstitucional, el fortalecimiento económico, la participación comunitaria y el apoyo familiar e institucional como elementos relevantes para prevenir el trabajo infantil. No obstante, también se identificaron percepciones que reflejan limitaciones en la articulación entre las instituciones, en el acceso efectivo a servicios básicos, de salud y educación, así como en el acompañamiento brindado a los adolescentes para la construcción de su proyecto de vida. En conjunto, estos hallazgos muestran que, desde la perspectiva de las familias, la erradicación del trabajo infantil requiere fortalecer la coordinación institucional, ampliar el acceso a los servicios sociales, consolidar estrategias de desarrollo económico familiar y promover una participación más activa de la comunidad, de manera que las intervenciones del Proyecto ETI respondan de forma integral a las necesidades de la población beneficiaria.
Implicaciones y Limitaciones
Los hallazgos del estudio aportan información útil para orientar la planificación y evaluación de las acciones desarrolladas por el Proyecto ETI, al identificar aspectos percibidos por las familias que pueden fortalecerse mediante una mayor articulación institucional, el acceso oportuno a servicios sociales, el acompañamiento a los emprendimientos familiares y el desarrollo de estrategias participativas. Asimismo, los resultados constituyen un insumo para que los gobiernos locales y las instituciones involucradas ajusten sus intervenciones de acuerdo con las necesidades percibidas por la población beneficiaria.
No obstante, los resultados deben interpretarse considerando algunas limitaciones metodológicas. El estudio se desarrolló con un diseño descriptivo de corte transversal, por lo que los hallazgos representan la percepción de las familias en un momento específico y no permiten establecer relaciones causales ni analizar cambios a lo largo del tiempo. Además, la información proviene exclusivamente de las respuestas de las familias participantes del Proyecto ETI en la parroquia Izamba, lo que limita la generalización de los resultados a otros contextos con características diferentes.
Israel Alexander Garcés Granda, Luis Fernando Muisin Salazar y Maribel Ximena Haro Tipán: Diseño de la investigación, administración del proyecto, análisis e interpretación formal de datos, redacción manuscrito y revisión final del manuscrito. Toma de datos, revisión de la bibliografía y redacción manuscrito. Hemos leído y aprobado la versión final del manuscrito, así mismo estamos de acuerdo con la responsabilidad de todos los aspectos del trabajo presentado.
Los autores declaran que no tienen conflictos de interés en relación con el trabajo presentado en este informe.
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